Derecho a
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Conforme a la Ley n.° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo – se establecen como medios impugnatorios (Rechtsmittel) la apelación y la casación; sin embargo, no se hace mención expresa al recurso de reposición que procede contra decretos (resoluciones judiciales que carecen de motivación, dando trámite al proceso), por lo que se debe recurrir supletoriamente al Código Procesal Civil. Grosso modo, este recurso se interpone en el plazo de tres (3) días hábiles con la finalidad de que se revoque el decreto, siendo la resolución que resuelve la reposición inimpugnable (autor: José María Pacori Cari).

El trabajador CAS puede pasar al régimen laboral público (Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst) del Decreto Legislativo n.° 276, si antes de suscribir sus contratos CAS había obtenido el derecho a ser considerado contratado permanente 276 por aplicación de la Ley n.° 24041. En efecto, es posible que, antes de ser trabajador CAS, fuera locador de servicios (recibos por honorarios u órdenes de servicios) y, por la naturaleza de las funciones bajo subordinación, adquiriera el derecho a ser contratado permanente 276 por aplicación de la Ley 24041. En este caso, el trabajador CAS, motu proprio, deberá pedir la invalidez de sus contratos CAS para pedir la desnaturalización de la locación de servicios por una contratación permanente 276. Este pedido de invalidez se debe realizar en una solicitud con la finalidad de agotar la vía administrativa antes de recurrir al proceso contencioso administrativo laboral (autor: José María Pacori Cari).

El artículo 387 del Código Procesal Civil que indica “Excepcionalmente, es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 386 cuando la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial” (autor José María Pacori Cari).

Las entidades públicas emiten actos administrativos, in genere, contenidos en resoluciones administrativas; estas, al crear beneficios o derechos a favor de los administrados, se ejecutan a partir del día de su notificación; sin embargo, en casos concretos, las entidades no cumplen con ejecutar la resolución administrativa, pese a los requerimientos verbales y escritos del administrado. En estos casos, estos se verán en la necesidad de presentar una demanda para el cumplimiento de la resolución administrativa que les favorece. De esta manera, se ofrece una demanda contenciosa administrativa para el cumplimiento de un acto administrativo firme (autor: José María Pacori Cari).

Las actuaciones materiales son los actos de ejecución de los actos administrativos; verbi gratia, por resolución municipal (acto administrativo) se ordena la clausura de un local que se efectúa en los hechos (actuación material); sin embargo, se dan casos en los cuales la entidad pública realiza actuaciones materiales sin que se sustenten en acto administrativo, dando lugar a las vías de hecho que no son permitidas en el ordenamiento jurídico. De esta manera, la impugnación de las vías de hecho, sin agotar la vía administrativa, se efectúa a través de la demanda contenciosa administrativa dirigida a un juez. Este es un modelo de este tipo de demandas (autor: José María Pacori Cari)

Modelo de demanda civil que solicita resolución contractual por incumplimiento y el pago de indemnización de daños y perjuicios. Desarrolla obligaciones contractuales incumplidas, fundamentos jurídicos y medios probatorios. Permite obtener restitución de prestaciones e indemnización conforme al régimen general de responsabilidad contractual del Código Civil. (José María Pacori Cari).

La institución jurídica de la prescripción se estudia como la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva, esta última, generalmente, se invoca a través de una excepción, sin embargo, no existe prohibición para invocar la prescripción extintiva como acción a través de una demanda judicial, siendo este el modelo que grafica lo indicado (autor José María Pacori Cari).

Generalmente, se piensa en ofrecer medios de prueba extemporáneos cuando se genera un hecho nuevo posterior a la presentación de la demanda; sin embargo, existe otro supuesto para ofrecer estos medios de prueba, este es el caso de hechos invocados en la contestación de la demanda o la reconvención, hechos que, a su vez, tampoco fueron expuestos en la demanda, el presente modelo se refiere a este supuesto normativo (Autor José María Pacori Cari)

Sumario: 1. ¿Qué es el convenio colectivo? – 2. Eficacia del convenio colectivo – 3. Nulidad del convenio colectivo – 4. Proceso para la declaración de nulidad de un convenio colectivo – 4.1. Plazo de prescripción para presentar la demanda de nulidad – 4.2. Beneficios colectivos ratificados por la Ley n.° 28411 – 5. Injerencia por establecer la nulidad en un reglamento administrativo – 6. El incumplimiento de la norma presupuestal no causa la nulidad del convenio colectivo – 7. Falta de informe de viabilidad presupuestal

En un proceso de reivindicación, el demandado puede defenderse oponiendo la prescripción adquisitiva de dominio (usucapión). Para ello, no basta con alegarlo como simple argumento; es necesario presentar una demanda de reconvención. (Autor José María Pacori Cari)