Fundamentos destacados. 2.3. En cuanto al derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales, este Tribunal tiene también establecido que la motivación debida de las decisiones de las entidades públicas —sean o no de carácter jurisdiccional— comporta que el órgano decisor y, en su caso, los fiscales, al resolver las causas, describan o expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Ello implica también que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, la decisión exprese una suficiente justificación de su adopción. Esas razones, por lo demás, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino, y sobre todo, de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite de la investigación o del proceso del que se deriva la decisión cuestionada (Cfr. Sentencia recaída en el Expediente 04437-2012-PA/TC, fundamento 5).
2.4. Con sostén en ello, el Tribunal Constitucional tiene precisado que el derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales también se ve vulnerado cuando la motivación es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas de hecho o de Derecho que sustentan la decisión fiscal, o porque se intenta dar solo un cumplimiento formal a la exigencia de la motivación. Así, toda decisión fiscal que carezca de una motivación adecuada, suficiente y congruente constituirá una EXP. N.° 01068-2022-PA/TC ICA ALFREDO MANUEL ACEVEDO MOREYRA decisión arbitraria y, en consecuencia, será inconstitucional (Cfr. Sentencia emitida en el Expediente 04437-2012-PA/TC, fundamento 6)
2.5. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una decisión fiscal constituye automáticamente una violación del derecho a la debida motivación de las decisiones fiscales. Ello solamente se da en aquellos casos en los que dicha facultad se ejerce de manera arbitraria, es decir, solo en aquellos casos en los que la decisión fiscal es más bien fruto del decisionismo que de la aplicación razonable del Derecho y de los hechos en su conjunto.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 01068-2022-PA/TC
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Manuel Acevedo Moreyra contra la resolución de fojas 1005, de 4 de noviembre de 2021, expedida por la Sala Civil Descentralizada Permanente de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente su demanda de amparo.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 21 de diciembre de 2017 (f. 145), modificado mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2017 (f. 190), el recurrente interpuso demanda de amparo contra el fiscal de la Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Pisco, la fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco-Segundo Despacho de Investigación y el Procurador Público del Ministerio Público. Solicita que se declare la nulidad de la Disposición Fiscal 196-2017, de 27 de setiembre de 2017 (f. 138), que, confirmando la Disposición Fiscal s/n, de 16 de mayo de 2017 (f. 115), declaró que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra don Wilfredo Acevedo Medina, doña Rosa Luisa del Pilar Astorga Castro de Acevedo y don Omar Alberto Astorga Castro por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento público falso en su agravio (Carpeta Fiscal 1236-2015). Alega la vulneración de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia penal, al debido proceso, específicamente a la debida motivación de las disposiciones fiscales, a que se respete una decisión que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, a la prueba y obtener una disposición fiscal fundada en derecho.
En líneas generales, aduce que la disposición de la fiscal provincial se encuentra afectada de motivación aparente e incongruencia, pues en ella se modificó el hecho específico constitutivo del delito denunciado y se señaló un hecho falso como único fundamento para concluir que no se había configurado el ilícito denunciado, pese a que de los fundamentos de la denuncia y la prueba aportada se acreditaba la existencia del delito. Agrega que quienes han sido parte en un proceso penal en el que se estableció la falsedad del contenido de un documento público tenían la obligación de respetar lo decidido y no volver a utilizar dicho documento, pero en el caso subyacente sí lo hicieron, lo que no ha considerado la autoridad fiscal, vulnerando la cosa juzgada y su derecho a la justicia penal. Precisa que, según la fiscal provincial demandada, tanto la Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento Comercial n.° 040-2003-UGR-MDSC-Pisco como la sentencia penal emitida en el Expediente acumulado 2005-239 y 2006-211- SA-1er.JPP, que estableció su nulidad, fueron mencionadas por los denunciados en el escrito de oposición a la medida cautelar otorgada al amparista en un proceso civil, pero cuestionando ambos documentos, lo que el actor considera falso porque los argumentos de la oposición se basaron en que dicha autorización municipal acreditaba que los investigados son propietarios de la estación de servicios Virgen del Carmen, que se encuentra ubicada en el sublote 1 de la parcela 74, pese a que en realidad se encuentra en el sublote 2 y que ello ya había sido establecido en la sentencia penal antes referida, con lo cual se configuró el ilícito penal que dio lugar a la investigación subyacente.
En relación con la disposición fiscal que declaró infundada la queja de derecho, señala que en ella no se absolvieron los fundamentos que indicó en dicho medio impugnatorio y que, además, la fiscal consideró que lo que hicieron los denunciados fue cuestionar el documento denominado Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento Comercial n.° 040- 2003-UGR-MDSC-Pisco y la sentencia condenatoria emitida en el Expediente acumulado 2005-239 y 2006-211-SA-1er.JPP, lo que no es cierto; más aún, señala que el fiscal superior adujo que existen conflictos entre el recurrente y los denunciados sobre la ubicación de la estación de servicio Virgen del Carmen, y que, si bien ya se ha definido su ubicación en dicha sentencia condenatoria, existen otros procesos en trámite en el que se vienen discutiendo la titularidad y la ubicación de dicha estación de servicio, lo que, a su consideración, viola la cosa juzgada. Señala, además, que, pese a haber presentado abundante prueba sobre la inexistencia del denominado sublote 1 de la parcela 74 y, con ello, la falsedad del contenido de la licencia municipal, los fiscales demandados optaron por archivar la investigación, lo que vulnera su derecho a la prueba.
Mediante Resolución 1 (f. 188), de fecha 27 de diciembre de 2017, el Juzgado Especializado Civil de Pisco admitió a trámite la demanda y dispuso la notificación a los demandados, integrando como litisconsortes necesarios pasivos a don Wilfredo Acevedo Medina, doña Rosa Luisa del Pilar Astorga Castro y don Omar Alberto Astorga Castro.
Por escrito ingresado el 11 de enero de 2018 (f. 230), don Máximo Acosta Sihuas, fiscal superior demandado, contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada o improcedente porque en la Carpeta fiscal 1236- 2015 no ha existido vulneración a ninguno de los derechos invocados.
A través del escrito presentado el 15 de enero de 2018 (f. 278), el Procurador Público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público se apersona al proceso y formula la excepción de prescripción extintiva. En el mismo escrito contesta la demanda señalando que la decisión fiscal estuvo respaldada con fundamentos de hecho y de derecho, y que la recurrente lo que pretende es que la jurisdicción constitucional actúe cual si fuera una suprainstancia que decida sobre el fondo de una investigación penal. Agrega que no se ha afectado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del amparista porque frente a la denuncia que presentó se dispuso la apertura de la investigación preliminar, a cuya culminación se expidió la disposición que declaró que no procedía formalizar ni continuar con la investigación, ante lo cual presentó el recurso de queja que fue declarado infundado.
Precisa que dichas disposiciones fueron expedidas en virtud del principio de legalidad, fundamentándose con logicidad, claridad y coherencia, por lo que no se evidencia afectación al debido proceso ni a la debida motivación. El escrito fue declarado improcedente por extemporáneo mediante Resolución 4, de fecha 10 de agosto de 2018 (f. 306), resolución que fue anulada por Resolución 9 (f. 359), de fecha 7 de diciembre de 2018, con lo cual se tuvo por contestada la demanda y por admitida la excepción.
Mediante Resolución 6 (f. 321), de fecha 12 de setiembre de 2018, se dispuso la remisión de los autos al Juzgado Civil Transitorio de Pisco.
Por escrito ingresado el 4 de setiembre de 2018 (f. 327) don Omar Alberto Astorga Castro, don Wilfredo Acevedo Medina y doña Rosa Luisa del Pilar Astorga de Castro contestaron la demanda pidiendo que sea declarada infundada. Mediante Resolución 7 (f. 331), de fecha 4 de octubre de 2018, se declaró improcedente la contestación por extemporánea.
Mediante escrito presentado el 10 de setiembre de 2018 (f. 335) doña Gladys Matilde Torres Lobato, la fiscal provincial demandada, contesta la demanda solicitando que se declare la nulidad del auto admisorio porque, en su opinión, este carece de fundamentación en relación con el cumplimiento de los requisitos para admitir a trámite la demanda de amparo. Agrega que el demandante lo que busca es que el juez constitucional se pronuncie sobre la validez de la Autorización Municipal de Apertura de Establecimiento n.° 040- 2003-UGR.MDSC PISCO y que el juez debió abstenerse porque ante su despacho estaría corriendo un proceso en el que se discute la ubicación de la estación de servicios Virgen del Carmen. Mediante Resolución 8 (f. 356), de fecha 5 de octubre de 2018, se tuvo por contestada la demanda y se declaró improcedente el pedido de nulidad.
[Continúa…]
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