Luego de varios años de democracia, el Perú se enfrenta a un quiebre constitucional que no tiene otra denominación que un golpe de Estado. Los hechos de los cuales somos testigos, por parte del Gobierno de Pedro Castillo, ya no solo socavan la institucionalidad: directamente destruyen todo espacio de democracia en la que voces distintas puedan encontrarse y la ciudadanía verse representada.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo demanda:

– Al señor Pedro Castillo, su inmediata renuncia y puesta a disposición ante las autoridades judiciales por incumplimiento del artículo 45 de la Constitución al haberse arrogado el poder que solo pertenece al pueblo. El señor Castillo debe recordar que no solo él fue elegido como Presidente de la República sino que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Sus actos desconocen la voluntad del pueblo y son nulos de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución.

– Al Congreso de la República, la aplicación de los artículos 99, 100 y 117 para efectos de declarar la responsabilidad del presidente de la República en razón de los actos que han dado lugar a este pronunciamiento. Asimismo, la conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo.

– A las Fuerzas Armadas, la obediencia irrestricta al orden constitucional que legitima sus actos y del cual han sido respetuosos como instituciones ejemplares de nuestra democracia, la cual defienden con sus vidas. Asimismo, recordar que no existe deber de obediencia frente a un gobierno usurpador, por mandato del artículo 46 de la Constitución.

– A la ciudadanía en general, mantener la calma ante los últimos actos y no tomar riesgos innecesarios. Sucesos como los que vivimos suponen un gravísimo peligro para los derechos humanos y las garantías que la Constitución establece podrían no estar disponibles en todos los lugares.

– A la comunidad internacional, solicitar el no reconocimiento del gobierno del señor Castillo al haber roto todo parámetro constitucional y desconocer los estándares internacionales de democracia y defensa de derechos humanos.

– Reiteramos a la ciudadanía que la Defensoría del Pueblo mantiene sus plenas funciones de protección de los derechos humanos a nivel nacional y en defensa de la democracia y la constitucionalidad en el país.

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