Mediante un comunicado en redes sociales, el Colegio de Abogados de Lima informó el último miércoles 19 de febrero que se ha dispuesto el inicio de un proceso deontológico de oficio por falta muy grave contra los abogados integrantes de la Junta Nacional de Justicia, debido a la apertura de un proceso disciplinario contra la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y otros magistrados supremos. 

Según manifestó el CAL, la decisión de la JNJ “podría tener connotaciones políticas, con la aparente finalidad de destituir a la presidenta del Poder Judicial”, a raíz de unas recientes declaraciones, en las que señala que “ambos poderes del Estado, en lugar de fortalecer la lucha contra la delincuencia, estarían favoreciendo la impunidad”. 

El fundamento del proceso disciplinario inmediato alega que, en su calidad de integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, los magistrados supremos habrían aplicado una norma derogada y que la resolución carece de motivación. Sin embargo, una revisión detallada evidenciaría que no se aplicó ninguna norma derogada ni se incurrió en falta de motivación, desvirtuándose así la validez de las acusaciones. 

Por otro lado, indicaron que la actuación de la JNJ constituiría un claro abuso de poder, pues atenta contra la independencia judicial y vulnera los principios de integridad y probidad, responsabilidad ética y profesional, imparcialidad y transparencia, lucha contra la corrupción y compromiso con el Estado de Derecho.