Cómo citar: Rojas Vargas, F. (2016). Manual operativo de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos. Lima: Nomos & Thesis, pp. 111-115.
Clasificación de los delitos contra la administración pública
Son diversas las sistematizaciones realizadas en el contexto de los códigos penales de la legislación comparada.
Nuestro Código Penal vigente, siguiendo el esquema de Código Penal italiano de 1930, que reproduce el de 1889, hace uso de un sistema general de clasificación de los delitos contra la administración pública atendiendo a si quien lo comete es un particular o un funcionario público.
Así, en el Título XVIII contiene dos capítulos:
• Capítulo I, Delitos cometidos por particulares (comprende los artículos 361 al 375).
• Capítulo II, Delitos cometidos por funcionarios públicos (comprende los artículos 376 aI 401-B).
Con base a este esquema general, cada capítulo se subdivide a su vez en secciones específicas que clasifican los delitos en razón a la naturaleza de la conducta ilícita.
En el Capítulo I del Título XVIII se encuentra una serie de delitos comunes que llegan a lesionar o poner en peligro el bien jurídico genérico administración pública, los que a su vez se agrupan en cinco secciones o rubros jurídicos (ver Cuadro N. 4).
El Capítulo II del Título XVIII, que reúne a los delitos cometidos por funcionarios públicos se halla estructurado con base a cuatro secciones o rubros jurídico-penales (ver Cuadro N. 5).
Como podrá apreciarse, existen algunas incongruencias en las clasificaciones que contiene el Código Penal, sobre todo en la inclusión de los tipos penales de tráfico de influencias y los tipos de cohecho activo en el capítulo reservado a los delitos cometidos por funcionarios públicos, en la medida que dichos delitos pueden ser realizados por cualquier persona y no restrictivamente por funcionario o servidor público.
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