El Comité de la Organización de las Naciones Unidas informó este miércoles que la política de esterilizaciones forzadas implementada por el gobierno de Alberto Fujimori durante los años 90, constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional contra las mujeres indígenas, rurales y con pocos recursos económicos.
Según detalló Leticia Bonifaz, integrante del comité, estos procedimientos se realizaron con desconocimiento de las víctimas, pues no sabían leer o hablar español, por lo que no entendían por completo lo que estaba sucediendo.
De igual manera, indicó que “las víctimas describieron un patrón consistente de ser coaccionadas, presionadas o engañadas para someterse a esterilizaciones en clínicas que carecían de la infraestructura adecuada o personal capacitado”
El fallo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas responsabiliza al exmandatario de haber violado los derechos de María Elena Carbajal Cepeda, Gloria Basilio Huamán, Florentina Loayza Cárdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero; cinco mujeres que, en 2020, denunciaron al Estado peruano por lo ocurrido contra ellas entre 1996 y 1997.
El texto también menciona que Perú ha fallado en su responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre estas violaciones y de ofrecer una compensación justa a las víctimas. Además, hace un llamado urgente al Gobierno para que “agilice las indagaciones y garantice indemnización” a quienes han sufrido.
Como se sabe, el expresidente Alberto Fujimori impulsó un programa que denominó “planificación familiar”, en el que miles de mujeres fueron sometidas a esterilizaciones con engaños o contra su voluntad. De acuerdo al comité, habrían sido 300.000 mujeres las que fueron obligadas a realizarse este procedimiento, mientras que la cifra de hombres llega a aproximadamente 25.000.
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